Oct 19, 2017

Las lecciones de Cataluña para la democracia peruana

Columna de Ignacio Basombrío Zender

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Lo que ocurre en Cataluña tiene importancia para países como el Perú, debido a los errores conceptuales del proceso de regionalización.

La historia reciente ha mostrado como grupos organizados de alcance regional, y posiblemente con financiamiento internacional, han sido capaces de contradecir políticas de Estado nacionales. Esos grupos, además de crear situaciones de tensión, han sentado en interminables mesas de negociación a quienes representan al Poder Ejecutivo de nuestro país.

En Cataluña, los radicales querían independizarse de España, desconocer la monarquía constitucional y proclamar una república catalana. La Constitución española consagró las autonomías y, de tal manera, reconoció la existencia de las nacionalidades, superando la visión dictatorial del franquismo.

Las autonomías, al igual que las regiones en el Perú, son instrumentos de gestión pública. Pueden ser catalizadores eficientes del desarrollo o factores que entraben la unidad nacional. Todo depende de la manera en la cual se estructure la autoridad del gobierno central y se establezcan competencias dentro de la ley nacional, sin permitir que, por consideraciones subalternas, politizadas o con sesgada visión regional, se contradigan los objetivos de desarrollo y los mecanismos legales establecidos por el país.

En el caso español los observadores políticos y los expertos constitucionalistas más sagaces, anticiparon con tiempo los problemas. El gobierno del Partido Popular no actuó con sentido de antelación y permitió que la ola independentista avanzara y comprometiera a sectores importantes. Se pensaba, con sentido económico antes que político, que los catalanes no se embarcarían en una aventura que pusiera en riesgo la estabilidad económica y los beneficios obtenidos como consecuencia del desarrollo registrado por España, en especial como consecuencia de su activa participación en la Unión Europea.

Es importante tener en cuenta que, en ambos países, es decir en España y el Perú, son las personalidades fundamentalistas las que desencadenan los procesos negativos, los que impulsan las rupturas y, luego, hacen pagar a sus pueblos el elevado costo de su protagonismo.

El 10 de octubre, el responsable del desaguisado catalán, señor Puigdemont, efectuó, ante un parlamento divido, la declaración de independencia de Cataluña para, pocos segundos después, establecer su automática suspensión. Es decir, un golpe de Estado que termina en farsa. Ese golpe, en verdad, se produjo el domingo 1 de octubre, cuando se produjo un proceso absolutamente irregular, y fuera de la Constitución, para decidir sobre la independencia de Cataluña.

Los sectores sensatos de esa región, los directivos de la Unión Europea y de los organismos financieros internacionales, alertaron sobre los negativos efectos de esa imposición, con el pretexto del nacionalismo.

El señor Puigdemont y sus secuaces no acataron la invocación del rey Felipe, jefe del Estado español. Envanecidos siguieron adelante. Comenzaron a preocuparse cuando las principales empresas con sede en Barcelona decidieron desplazarse a otras zonas de España. Reflexionaron, después, sobre el costo económico que se debía pagar. Finalmente, entendieron que la comunidad internacional no estaría dispuesta a reconocer una aventura. Ello explica la independencia que sólo tuvo vigencia por pocos segundos.

El señor Puigdemont, en efecto, dijo, en catalán por supuesto, y con subtítulos en español, que había asumido el "mandato del pueblo de que Cataluña sea un estado independiente en forma de república".

No dejó de llamar la atención que un acontecimiento tan importante, misma hora Cabana, se iniciara con un retraso de más de 60 minutos. El problema interno en el grupo de independentistas, explica tal situación.

Pocos segundos después de proclamada la república, en insólita decisión, el señor Puigdemont sostuvo que "el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo sin el que es imposible alcanzar una solución acordada". Parece que minutos antes de anunciar la decisión, este grupo de irresponsables se dio cuenta que era necesario abrir el diálogo internacional y nacional. Es decir, las bravatas, las irregularidades, el desconocimiento de la Constitución, no merecen aplausos sino tarjeta roja.

En el caso peruano, ante las elecciones regionales del próximo año, que pueden cambiar el mapa político del país, es conveniente reflexionar sobre los altos riesgos de los audaces como los independentistas catalanes. El pueblo de Cajamarca se inclinó por los antimineros, los habitantes de Tambogrande, o los de Arequipa, bloquearon proyectos, encabezados por sus dirigentes políticos.  Pasan los años y la situación ni cambia ni mejora. Por el contrario, los problemas de la exclusión y de la pobreza se acrecientan.

¿Qué conviene, en consecuencia, para el futuro de la regionalización en el Perú? Creo que poner los pies sobre la tierra, procurar que las nuevas autoridades tengan un sentido técnico para la conducción de los asuntos regionales y establecer mecanismos de coordinación efectivos con el gobierno central.