Oct 10, 2017

Regionalización: ¿riesgo o solución?

La columna de Ignacio Basombrío Zender

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El proceso de regionalización se sustenta no solo en razones políticas ni de ordenamiento territorial. Posee un fuerte contenido económico para que tal mecanismo de gestión tenga sentido y modifique las tendencias históricas.

La concentración de la riqueza y de la producción en pocos centros urbanos y, en especial, en Lima, ha constituido un ​factor que ha retrasado el desarrollo nacional, en la medida que no ha permitido un crecimiento armónico y equilibrado.

El déficit creciente de infraestructura económica y social acredita que, lamentablemente, la etapa de bonanza de la década pasada no fue plenamente aprovechada. Por el contrario, proyectos insensatos y desproporcionados, malos gestores y políticas corruptas, demostraron que, por la manera como se ha estructurado la regionalización, ésta no permitirá corregir las dificultades existentes.

El problema, que parece pasar desapercibido a la clase política, es realmente complejo: el próximo año se elegirán a los nuevos gobernadores regionales. Es razonable considerar que los partidos políticos tendrían, como en elecciones pasadas, un papel marginal en el proceso y que, nuevamente, movimientos regionales, bajo diferentes modalidades, podrían obtener la victoria. Un fenómeno parecido, aunque con matices diferentes, ocurriría en las elecciones municipales.

El mapa político del país posiblemente se modificará luego del proceso de 2018, incorporando un nuevo factor de inestabilidad al débil sistema institucional del país.

Salvo casos aislados, en que los gobernadores y los alcaldes compartieron criterios con el Gobierno Central sobre las prioridades de la política de desarrollo, en la mayoría de las regiones las posiciones han sido contestatarias. En determinadas situaciones para ejercer mecanismos de presión, a fin de obtener mayores recursos. En otros, afortunadamente los menos, por concepciones teóricas contrarias a la empresa privada, el mercado libre y la explotación de los recursos naturales.

El Perú, qué duda cabe, ha perdido el impulso del crecimiento autosostenido. Lo que se denominó, en términos coloquiales, el piloto automático de la economía. Ahora hay que trazar un rumbo firme, con políticas sensatas, para volver a sembrar. La herencia del humalato la debemos soportar, pero, además, superar. Corresponde a la actual administración recobrar esa capacidad de crecimiento, en momentos en los cuales se recuperan los precios de los productos minerales.

Lograr tan importante objetivo no solo es tarea del Gobierno Central. Corresponde al Congreso concentrarse en analizar el comportamiento general del Estado, de las regiones y de los gobiernos locales. Esa tarea exige, sin duda, un trabajo más fino, que las interminables sesiones de interrogatorio, en el marco de comisiones investigadoras, que no son vinculantes, pero que sí permiten minutos de fama en la televisión para los inquisidores. La fiscalización es buena, pero es mejor si permite impulsar el desarrollo nacional, en lugar de solo mirar hacia el pasado. Lograr ese equilibrio necesario puede ser parte de la tarea de reingeniería del Congreso, que ha anunciado el presidente de ese poder del Estado.

En el proceso electoral del año 2018, los pueblos del interior del país, especialmente de Moquegua, Arequipa, Cajamarca y Junín, que serán los más beneficiados en ​ese año con el incremento de los recursos del canon, deben tener presente la dimensión económica, antes que los prejuicios y criterios políticos.

En efecto, en el proyecto de presupuesto para el año 2018, se estima que el canon por la explotación de los recursos naturales del país, ascenderá a 3,​698 millones de soles, lo que representa un incremento del 36 por ciento, con relación a las cifras del presente año por el mismo concepto. En caso de invertirse esos recursos de manera austera, en proyectos pequeños y medianos con impacto social, es evidente que mejorará el nivel y la calidad de vida de los sectores beneficiados​. Ello producirá una mayor legitimación del sistema democrático.

Los electores son los responsables de sus aciertos y errores. El sistema político para designar alcaldes y gobernadores permite que minorías puedan perturbar el normal desarrollo de las actividades de gestión. Por tanto, candidatos con limitaciones políticas, éticas y técnicas, pueden conducir al fracaso a los nuevos gobiernos, que tendrán la responsabilidad de conducir el proceso económico y social del país hasta el año 2022.

Las regiones deben elegir buenas autoridades, para recibir más beneficios procedentes de la explotación de los recursos naturales. Además, los electores deben ser conscientes que los ingresos serán crecientes en la medida que se inicien nuevos proyectos, se manejen con eficiencia las empresas existentes y los precios en los mercados mejoren.

El futuro de la regionalización pasa necesariamente por el compromiso de los inversionistas privados con el desarrollo nacional, en función de la existencia de condiciones propicias para comprometer recursos de capital de riesgo.